El Gobierno, finalmente, no llevó finalmente este martes para su aprobación al Consejo de Ministros la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio y se compromete a seguir negociándolo en el marco del diálogo social.
Tras más de cuatro horas de reunión del Gobierno con empresarios y sindicatos, el encuentro celebrado el lunes finalizó sin un acuerdo entre las partes para prorrogar los expedientes de regulación de empleo.
El Gobierno estaría dispuesto a analizar la situación de los ERTE en el mes de septiembre. En la propuesta del Gobierno figuraba la fecha del 30 de septiembre como tope de extensión de los ERTEs.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que se va a seguir negociando a lo largo de esta semana. «Vamos a dejar márgenes a la negociación. Creo que puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTEs durante los próximos meses, pero está por definir en qué condiciones y con qué especificidades respecto al último acuerdo al que llegamos», ha resaltado, tras incidir en que los ERTEs «van a seguir siendo una herramienta fundamental para sostener el empleo del país».
Borrador
En concreto, en el borrador enviado a los agentes sociales para su negociación se recogía que los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, mantendrán su vigencia mientras existan restricciones que impidan o limiten la plena actividad de las empresas. Englobando entre dichas restricciones las limitaciones a la movilidad, aforos y equivalentes y las medidas de prevención y contención sanitaria vinculadas al coronavirus. En todo caso, se precisa que la vigencia de estos ERTEs finalizará el 30 de septiembre.
De acuerdo con el borrador del Ejecutivo, las empresas y entidades afectadas por los ERTEs deberán proceder a reincorporar a los trabajadores, primando los ajustes en términos de reducción de jornada, y no podrán efectuarse horas extraordinarias ni concertarse nuevas contrataciones si la empresa tiene algún trabajador en el ERTE. «Dichas acciones podrán constituir infracciones en el ámbito social, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», señala el Gobierno.
La propuesta inicial contemplaba que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de septiembre.
También que el Ejecutivo mantendrá hasta el 30 de septiembre la «prohibición» que estableció al despido por causas objetivas. Lo que en la práctica supone encarecer la indemnización a 33 días por año trabajado, frente a los 20 de los despidos procedentes.
Al mismo tiempo, se propone mantener también hasta el 30 de septiembre la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, lo que supone de facto prorrogar estos contratos aunque el empresario quisiera rescindirlos.